Una vez analizada la Ley Orgánica de Educación en lo que hace referencia a la ordenación y articulación de las Enseñanzas Artísticas previa entrada en vigor de facto este curso 2006-07 entrante, me veo en la obligación como ciudadano, artista y docente, de mostrar una cierta decepción hacia la misma. Si analizamos el anteproyecto de esta Ley, se articulaba por primera vez un contexto igualitario y uniforme donde se valoraba como “il faut” esta específica rama del conocimiento así como el reconocimiento cualitativo y formativo de los docentes encargados a tal efecto. El marco parecía al fin homogéneo y “universal”, a “nivel”, aun cuando sin duda era mejorable. Las presiones a posteriori de determinados grupos, hacen retocar éste conduciendo a unas reformas plasmadas en el Proyecto del Julio de 2005, y dónde, bajo argumentaciones históricas, metodológicas y de sistemas de trabajo diferenciales autonómicos, se esconden (desde mi punto de vista) intereses personales de tipo profesional y económicos dándose así la definitiva “bendición” a un sistema privado –en determinadas comunidades autónomas- que permite la gestión de ciertos grados de enseñanzas con un más que cuestionable nivel de calidad, así como generador de un caldo de cultivo que da lugar a la probable degradación laboral de los docentes, sobre todo en la precariedad de sus puestos de trabajo -distribuciones horarias heterogéneas- y con salarios dependientes de convenios desiguales poco desarrollados para dar respuesta a estas singularidades. Lo peor de todo esto, es que mantiene el enrarecido y arbitrario sistema de gestión privada de algunas de las administraciones públicas que ofrecen la educación artística: una visión donde se pretende hacer un populismo de cartón – piedra. El dictamen final de la LOE reafirmó esta línea.
En conclusión: resultado confuso a nivel autonómico, con terribles desigualdades pedagógicas y laborales docentes. Creo fundadamente que esta “metamorfosis” en el anteproyecto inicial se debe a determinados pactos: el "precio" lo pagarán el alumno y el ciudadano.
La administración pública debe velar por ofrecer una enseñanza de calidad, laica, cercana, gratuita e igualitaria en todas las facetas del saber y potenciar las sensibilidades y conocimientos de todas las personas que configuran nuestra sociedad. Ahora era un buen momento para hacer una buena plataforma legal que alcanzara los anteriores objetivos. Lástima que no se haya hecho mejor.
Prof. Joaquim Villalta
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